La Diputació de València aprueba el nuevo Pla Obert d’Inversions 2024-202
La Diputació de València ha aprobado el Pla Obert
d’Inversions 2024-27 con los votos a favor del PP, Ens Uneix, el PSPV y Vox, y
la abstención de los tres diputados de Compromís. El pleno de enero ha dado luz
verde al mayor programa inversor en la historia de la corporación provincial,
con 340 millones para los municipios y 10 para las mancomunidades en los
próximos cuatro años, con un incremento del 21% respecto a la dotación de los
planes de inversión de la pasada legislatura.
La vicepresidenta primera y responsable de
Cooperación, Natàlia Enguix, ha agradecido el voto favorable a un plan que
“beneficiará a todos los municipios valencianos y que se aprueba seis meses
antes de lo que aprobó su último plan el anterior gobierno provincial”. Enguix
ha defendido, además, que el Pla Obert “ofrecerá todas las facilidades a los
ayuntamientos para que puedan presentar sus proyectos en cualquier momento, sin
presiones ni plazos que les condicionen, y que dispongan del tiempo suficiente
para ejecutarlos y que el dinero que les llega de la Diputación se quede en los
municipios en forma de mejoras reales”.
En la sesión plenaria de enero se han aprobado
también, por unanimidad, sendas prórrogas o ampliaciones de plazos para que los
consistorios puedan finalizar obras incluidas en el Plan de Inversiones 2022-23
y el plan inversor de 2021 para grandes municipios. “Somos conscientes de que
el retraso en la aprobación del último plan del anterior gobierno dificultó a
los municipios la ejecución de los proyectos, con 100 millones de euros por
adjudicar, y también que, en el caso del plan de 2021, se han visto
condicionados por los efectos de la pandemia y el conflicto en Ucrania,
teniendo en cuenta el desabastecimiento y el incremento del precio de los
materiales y el coste de las obras”, ha explicado la vicepresidenta Enguix.
Las grandes ciudades que presentaron proyectos en el
plan 2021 dispondrán de cinco meses más, como permite la ley, para finalizar
las obras, hasta el 23 de septiembre; mientras que los plazos del Plan de
Inversiones 2022-23 se amplían hasta el 19 de mayo de 2025 para ejecutar y
octubre de ese mismo año para justificar las obras. La propia Enguix añade que
los ayuntamientos “pueden solicitar un cambio en los proyectos con la intención
de que estos puedan finalizarse y no tengan que renunciar a las ayudas, en
respuesta a estos tiempos cambiantes en los que pueden alterarse también las
necesidades de los municipios”.
Una única
abstención
El Pla Obert d’Inversions del gobierno que preside
Vicent Mompó ha salido adelante “en el primer pleno del año, tal y como
prometimos en su presentación a principios de diciembre”, ha recordado Enguix.
Solo el grupo Compromís se ha abstenido al considerar que “se desmantela la
estrategia Reacciona contra la emergencia climática” que incluía el anterior
ejecutivo. En palabras del diputado Josep Riera, “el nuevo plan de inversiones
reparte más dinero pero de otra manera, incluyendo las actuaciones del ciclo
del agua y las zonas verdes, pero dejando fuera otras líneas que beneficiaban a
los pueblos más pequeños”.
En respuesta a Riera, la responsable de Cooperación
Municipal ha dejado claro que “el Reacciona no desaparece”. Natàlia Enguix ha
explicado que lo que ha hecho el nuevo gobierno provincial es “incluir dos
líneas, la de agua y la de energía, en el Pla Obert, y el resto de líneas, como
movilidad, gestión forestal o de residuos, se mantendrán en otras áreas”.
En cuanto a la fórmula de reparto, que en esta
ocasión refuerza el criterio poblacional frente a la superficie, Enguix ha
defendido que “desde 2015 esta Diputación se ha encargado de garantizar la
financiación de los pueblos más pequeños para equipararlos a los grandes, y
ahora que hemos conseguido que todos tengan esos servicios y equipamientos básicos,
creemos que es momento de, sin descuidar las necesidades de esos pequeños
municipios a los que vamos a seguir ayudando, fijarnos también en los
consistorios que prestan servicios a miles de habitantes, en la línea de lo que
esta autonomía reclama al Estado en el marco de la financiación autonómica”.
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