Podemos pedirá en el Congreso que se cierre la central de Cofrentes
Han anunciado la presentación de una Proposición No de Ley para que no se renueve la concesión a Iberdrola
Los cuatro diputados valencianos de Unides Podem en el Congreso tramitarán una proposición no de ley para que no se renueve la concesión a Iberdrola y cerrar definitivamente la central nuclear de Cofrentes.
La
diputada Marisa Saavedra ha señalado que esta central "ya obtuvo una
autorización de funcionamiento por un período de 25 años, que en marzo de 2011
se prorrogó por 10 años más hasta marzo de 2021". "En esta fecha, la
central llegará a los 37 años de funcionamiento, un período muy superior a los
25 años de edad media de cierre de las centrales nucleares europeas", ha
indicado.
Iberdrola,
la concesionaria, ha iniciado la tramitación para alargar la vida útil a
instancias de la pública Enresa, ya que la concesión actual termina en marzo de
2021, y la vida útil de la central en lo hace en 2024, en que se cumplirán 40
años de su puesta en marcha.
Los
diputados de Unides Podem han señalado en su escrito que "las centrales
nucleares antiguas son las más peligrosas, tal y como se demostró en Fukushima,
la más antigua de Japón". "Además, los riesgos no calculados, como
son la aparición de seísmos o el déficit de cálculo sobre riesgos extremos que
han demostrado sobrepasar toda previsión, indican que la Central Nuclear de
Cofrentes debe cerrarse", han agregado.
"Los
riesgos asociados a la emergencia climática aumentan y los escenarios cada vez
más extremos se tornan comunes", han prevenido los parlamentarios de
Unidas Podemos: "Durante los dos últimos años hemos podido comprobar cómo
nos afectaban fenómenos que no entraban dentro de ningún cálculo, como las
borrascas Filomena o Gloria o las consecuencias sísmicas del proyecto
Castor".
La
PNL recalca además que los cálculos de riesgos potenciales de las centrales
nucleares, realizados durante la construcción de los primeros modelos, "se
han demostrado claramente insuficientes a lo largo del siglo XX".
"El
principio de prudencia reclama que sean cerradas y desmanteladas porque suponen
un riesgo inasumible para el conjunto de la humanidad. La recuperación de
residuos milenarios de materiales radioactivos y su tratamiento han demostrado
ser un fracaso y cesar su producción es un acto de responsabilidad con las
generaciones futuras", han concluido.
En
el mismo escrito recuerdan que el cierre de esta central al término de la
actual concesión, en marzo de 2021, ha sido pedido por numerosas organizaciones
y ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, e incluso por Resolución de Les
Corts Valencianes, que aprobó la Proposición No de Ley presentada de forma
conjunta por los grupos parlamentarios de Podem, PSOE y Compromís el 29 de
marzo de 2017.
Esta
proposición pedía al Gobierno que tampoco autorizara la construcción del ATI
(Almacén temporal individualizado) de residuos y que finalmente se aprobó en
2019 a pesar de la petición expresa del máximo órgano de la soberanía
valenciana.
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