Golpe al negocio de exportar a países pobres residuos peligrosos

Empresas ubicadas en las provincias de Álava, Vizcaya, Salamanca, Valencia y Madrid formaban parte de la organización

Enviar disolventes industriales a Libia o motores de vehículos a Irak o Ghana, países en los que el tratamiento de los residuos peligrosos por falta de medidas ambientales o mano de obra barata genera más beneficios, es un negocio ilegal que mueve anualmente hasta 17.000 millones de euros.

La Guardia Civil y la subdirección general de Economía Circular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han desarticulado varios grupos dedicados a la explotación ilegal de residuos peligrosos a terceros países y han detenido a 11 personas, en una operación en la que han neutralizado varios flujos de estos materiales a países con economías en desarrollo.

La organización, de la que formaban parte varias empresas ubicadas en las provincias de Álava, Vizcaya, Salamanca, Valencia y Madrid, se encargaba de adquirir los residuos en España, buscar los clientes en países como Libia, Irak, Ghana o Guinea Bissau, y eludir el control de la administración, llegando a utilizar para ello puertos de salida en Francia y Portugal, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

La primera actuación fue en un puerto de Francia donde se interceptó un contenedor cargado con disolventes con destino a Libia, lo que llevó a los investigadores hasta unos gestores del País Vasco y a un ciudadano libio que había posibilitado las exportaciones, ha explicado a Efe el capitán Carlos Astrain, de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Este ciudadano libio, que no ha sido detenido, lleva a la investigación hasta un centro autorizado de venta de vehículos en Salamanca, que se dedicaba a enviar motores a Irak sin el correspondiente certificado de descontaminación.

Los residuos se exportaban a distintas partes del mundo, en función del tipo que se tratase.

Así, las empresas implicadas enviaban disolventes industriales en grandes cantidades para ser eliminados en Libia.

Al parecer, estos componentes eran vertidos sin control alguno, lo que reducía enormemente los costes, a pesar de que el productor del residuo ya había pagado por su gestión.

La investigación permitió identificar también empresas que se dedicaban a enviar motores de automóviles y camiones a Irak, cuyo beneficio consistía en extraer la parte útil o los materiales reciclables y desechar el resto sin ningún tipo de reciclaje.

Los líquidos contenidos en estos motores pueden provocar una degradación de los suelos y la contaminación de los acuíferos de la zona donde se desechan.

A partir de ahí, la investigación llevó a otro centro autorizado de tratamiento de vehículos de Madrid que enviaba motores de camiones a países subsaharianos como Ghana, Mali o Guinea Bissau.

Lo que hacían, según el capitán Astrain, era partir los camiones para intentar meter en el contenedor la mayor cantidad posible de material y una vez en los países de destino o bien los unían o bien usaban la parte que les convenía y el resto lo vertían.

El ilícito consistía en evitar los controles de la administración para no abonar los costes de estas exportaciones.

"Estos motores pueden ser usados o no, pueden ser usados en parte y se trata de ahorrar costes en la gestión. Si tenemos que eliminar esos residuos en España, como son peligrosos, el coste es muy alto", precisa el capitán.

La falta de control en los países de destino permitía el libre comercio de las mercancías, que posteriormente podían ser recolocadas y puestas en circulación y abandonar el sobrante en el medio ambiente.

Aparte del negocio ilícito, el principal problema es el perjuicio para el medio ambiente que causan estas actuaciones en los países destinatarios de los residuos, en los que "hay cero control ambiental", subraya el capitán Astrain. EFE

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