La reapertura de Garoña da vida "extra" al resto de centrales nucleares

infoJUCAR |La posible reapertura de Garoña determinará el futuro de la energía en España, y con ello el de las emisiones de CO2, energías renovables o incluso el precio del kilovatio; la vida útil de la central de Cofrentes está fijada para el año 2021
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha dado el visto bueno a la reapertura, hasta 2031, de la central nuclear de Garoña. Los consejeros han evaluado 167 informes técnicos en los dos últimos años para tomar esta decisión, que amplía la edad útil de la central de 40 a 60 años y posibilita que, de ahora en adelante, otras instalaciones sigan los pasos de la central burgalesa.

La apertura de Garoña está condicionada a que Nuclenor (la operadora de la central, participada a medias por Endesa e Iberdrola) acometa algunas mejoras en la seguridad de la central.
Actualmente hay cinco centrales operativas en España: Vandellós, Cofrentes, Trillo, Ascó y Almaraz, estas dos últimas con dos reactores cada una.
Actualmente, el futuro de Garoña depende del Ministerio de Energía, que debe decidir si conecta la central de nuevo a la red eléctrica.
¿Cuáles serán las siguientes?
La próxima licencia en expirar será la del primer reactor de Almaraz, en Cáceres, que cumple en 2020. Fuentes de la central han confirmado a EL ESPAÑOL que prevén iniciar el proceso para extender la licencia de explotación de la central, previamente a que finalice la vida útil de su primer reactor, que inició su actividad en 1983. "La idea es empezar a reunir la documentación alrededor del verano de este año", añaden estas fuentes, aunque es el CSN el que debe confirmar los plazos. Este periódico se puso en contacto con el consejo a este respecto pero no obtuvo respuesta.
Tras Almaraz I será el turno de Cofrentes (2021), Ascó I y Almaraz II (2023), Trillo (2024), Ascó II (2025), Vandellós II (2027).
¿Quién está a favor de reabrir Garoña?
Principalmente el gobierno, el Partido Popular y las operadoras de la central, Iberdrola y Endesa, aunque la segunda más que la primera.
Desde Foro Nuclear han asegurado que la extensión en una década de la vida de Garoña y las demás centrales equivale a "la electricidad equivalente a dos años y medio de consumo anual", además de evitar la emisión de "más de 400 millones de toneladas de dióxido de carbono" y asegurar "27.500 empleos estables en el tiempo".
Horas después del anuncio, Fernando Martí, presidente del CSN, ha precisado en rueda de prensa que el límite de 2031 propuesto por el consejo no es definitivo, ya que ahora será "el Ministerio de Energía quien tendrá que tomar la decisión de permitirle operar y por cuánto tiempo".
¿Quién está en contra?
Todos los demás grupos. PSOE, Ciudadanos, Podemos, IU, Equo, PNV o Bildu han rechazado la decisión. En parte, por su oposición a la energía nuclear (PSOE y Podemos han declarado en el pasado que apoyan el apagón nuclear en 2024) y en parte porque Nuclenor no ha realizado aún las inversiones en seguridad exigidas, que podrían llegar a costar a la operadora entre 100 y 200 millones de euros.
En resumen, hasta que Endesa e Iberdrola no acometan esta renovación no podrán cargar combustible -el reactor fue vaciado- ni producir electricidad.
La diputada socialista Ester Peña ha declarado en el Congreso: "No entendemos que se dé una licencia para una central que nunca va a funcionar". "Garoña no importa, nunca se va a abrir, pero sí se abre una alternativa para aumentar la vida útil de las otras centrales", lo que para Peña contraviene la legalidad europea.
Por su parte, Izquierda Unida ha registrado en el Congreso una iniciativa parlamentaria instando al gobierno a "tomar las medidas necesarias para decretar el cierre y desmantelamiento definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña". Además, ha iniciado en redes la campaña #GaroñaNiDeCoña usando la desafortunada imagen de una refinería japonesa en llamas.
Los grupos ecologistas han respondido inmediatamente tras el anuncio. Paco Castejón, de Ecologistas en Acción, ha criticado sobre todo que la decisión se ha hecho "a la medida de Nuclenor", lo que "destroza la credibilidad" del CSN.

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