Ecologistas en Acción alerta sobre los impactos radiactivos del nuevo almacén nuclear de Cofrentes

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A primeros de noviembre la compañía Iberdrola, propietaria de la central nuclear de Cofrentes, anunció los primeros trámites administrativos para la construcción de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) que albergue los residuos nucleares de esta central.

La empresa señala el año 2019 como plazo para que comience a operar el almacén, cuya implantación justifica por el tamaño, limitado, de las piscinas que actualmente albergan los residuos radiactivos. Las piscinas “no están dimensionadas para almacenar todo el combustible usado durante su vida operacional”, reconoce Iberdrola. Ubicada a dos kilómetros del municipio de Cofrentes, la planta nuclear empezó a operar en 1984. En 2011 el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) renovó la autorización de explotación a Iberdrola por una década, hasta 2021.

El ATI consiste en una losa de hormigón armado y resistencia a los seísmos, con capacidad para almacenar 24 contenedores de combustible: cilindros de acero y hormigón, de cinco metros de altura y 2,5 de diámetro. El carácter “temporal” del ATI, argumenta la empresa, obedece a que los desechos nucleares se enviarán en un futuro -con los del resto de plantas del estado español- al municipio de Villar de Cañas, en la provincia de Cuenca, donde el gobierno promueve la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC). Sin embargo, esta iniciativa se halla actualmente en un limbo jurídico-administrativo por la oposición del ejecutivo de Castilla-La Mancha.

En el estado español existen tres ATI operativos, en las centrales nucleares de Trillo y Zorita, las dos en la provincia de Guadalajara; y Ascó (Tarragona). Cuentan además con autorización gubernamental para implantar el almacén temporal las plantas nucleares de Santa María de Garoña (Burgos) y Almaraz (Cáceres). En el caso de Cofrentes, Ecologistes en Acció del País Valencià ha manifestado una oposición frontal al ATI que promueve Iberdrola. La organización ecologista ha remitido al Ministerio de Medio Ambiente un escrito en el que afirma que la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto ha de incluir una valoración de los efectos radiológicos del almacenamiento, y no sólo de los impactos ambientales, como –según el documento dirigido al ministerio- propone Iberdrola.

En el escrito de sugerencias, Ecologistes en Acció recuerda que el departamento de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana ha de pronunciarse sobre el Almacén Temporal Individualizado que tramita Iberdrola, ya que éste se emplazará dentro del recinto de la nuclear, que a su vez se halla en un espacio de la Red Natura 2000 (red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad); en concreto, se trata de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Sierra de Martés-Muela de Cortes; la federación ecologista advierte del impacto que la construcción de nuevos viales, tendidos eléctricos y el incremento de los niveles radiológicos podría tener en la ZEPA. Además de los riesgos apuntados, en un territorio próximo se halla la Zona de Especial Conservación (ZEC) Valle de Ayora-Sierra del Boquerón.

El documento enumera las posibles consecuencias de fugas, accidentes y vertidos en una central nuclear “envejecida y con un diseño de los años 70”. Por ejemplo, el riesgo de contaminación radiactiva en el abastecimiento hídrico de Valencia y su área metropolitana (2,3 millones de personas); Sagunto (100.000 habitantes) y sobre las cerca de 300.000 personas que consumen agua del río Júcar a través del Canal Júcar-Túria. A ello Ecologistes en Acció agrega el riesgo de contaminación radiactiva sobre decenas de miles de hectáreas de regadío en las comarcas de la Ribera, Camp del Túria y Camp de Morvedre; otra cifra subrayada por la organización ecologista es el consumo de 20 hectómetros cúbicos anuales de agua de alta calidad del río Júcar, sólo para refrigerar el reactor de la planta nuclear de Cofrentes.

Uno de los objetivos que se esconde tras el proyecto del ATI, destaca el portavoz de Ecologistes en Acció del País Valencià, Carlos Arribas, es “alargar el funcionamiento de la planta nuclear de Cofrentes más allá de 2024, año en que habría que clausurarla al sobrepasar los 40 años de vida útil asignada a las centrales”. En cuanto al almacén de residuos radiactivos, asegura Arribas, “tendrá que en funcionamiento en 2019, porque ese año se les acaba el espacio para albergar combustible radiactivo en las piscinas”. En este punto radica la importancia estratégica del ATI, según Ecologistes en Acció: implica habilitar nuevos espacios para que la nuclear continúe operativa durante otros doce años, hasta 2031. Tal vez las prisas de la empresa se expliquen por la falta de sitio, al tiempo que el ATC de Villar de Cañas (donde tendrían que trasladarse finalmente los combustibles radiactivos) se mantiene en un estado de indeterminación, después que el gobierno de Castilla-La Mancha aprobara en octubre de 2016 la ampliación de la ZEPA de la Laguna de El Hito, en el entorno donde tendría que emplazarse el ATC.

¿Qué conclusión cabe extraer de todos estos cálculos? “La improvisación constante respecto a la energía nuclear”, sostiene el portavoz ecologista; “desde el primer momento no se tuvo claro qué hacer con los residuos radiactivos; ni siquiera las piscinas se diseñaron considerando los 40 años de vida útil de la central nuclear”. Otra de las preocupaciones apunta a los riesgos intrínsecos del material almacenado. Los 24 contenedores del ATI, cada uno con 60 “elementos” combustibles, acumularán pastillas con óxido de uranio, cesio, estroncio, yodo y plutonio, degradados tras el proceso de fisión nuclear, explica Carlos Arribas. “El ATI acogerá elementos de altísima radiactividad, que al aire libre provocarían una contaminación altísima; por otro lado, a pesar del hormigón, el acero y los materiales de protección, el blindaje no es absoluto”. Arribas recuerda otro factor de riesgo: la proximidad de elementos radiactivos dentro del ATI, lo que podría provocar una reacción de fisión nuclear.

En cuanto a las condiciones estructurales, la planta de Cofrentes se resiente tras más de tres décadas de actividad. Las organizaciones ecologistas alertan de materiales sometidos a una fuerte presión, como la vasija del reactor, que con los años están sufriendo “fatiga” y corrosión. Recuerdan asimismo que en plantas nucleares del tipo BWR (reactor de agua en ebullición), como la de Cofrentes, el vapor de agua que moviliza la turbina procede del núcleo del reactor; esto significa que se halla en contacto con las barras de combustible de uranio, altamente radiactivo. Provoca inquietud además el sistema de contención Markt-III, de Cofrentes, afirman fuentes de Ecologites en Acció, pues “como se demostró en el accidente de Fukushima no evita la explosión y salida al exterior de la radiactividad”.

Existen otros riesgos, como se constató en octubre de 1982: los de inundación en la zona donde se ubica la central nuclear de Cofrentes. El episodio de “gota fría” y las lluvias extraordinarias ocurridas entre los días 19 y 21 inundaron las instalaciones de la planta nuclear, entonces en obras. Las aguas del río Júcar, desatado, superaron el puente de acceso al recinto nuclear y el aparcamiento anejo. “El agua que procedía de la escorrentía de la parte trasera de la central inundó la sala de control del reactor y también el acceso al almacén de uranio enriquecido”, recuerdan fuentes de la organización ecologista. A pesar de los antecedentes, el documento inicial del proyecto de ATI sitúa el almacén en una cota sólo cuatro centímetros por encima de la cota inundable en caso de rotura de una presa (la de Alarcón y la de Contreras son las que afectarían a la nuclear de Cofrentes).

Por otro lado, la Agencia Efe informó el pasado 10 de mayo de un informe remitido a la UE sobre gestión “responsable” y “segura” de los residuos radiactivos. El documento calcula en 188.000 metros cúbicos –cifra comparable a 75 piscinas olímpicas- los desechos de baja y media actividad de las centrales nucleares que España tendrá que gestionar hasta 2024. Según el documento facilitado a la agencia de prensa por el CSN, la mayor generación de residuos nucleares de baja y media actividad correspondería –según las previsiones- a la central de Cofrentes (3.316 metros cúbicos), seguida de Amaraz (2.062), Ascó (1.948), Vandellós II (1.061), Garoña (939) y Trillo (907). Sobre el proyecto de ATI de Cofrentes, Ecologistes en Acció ha trasladado sus observaciones iniciales al ministerio, pero pide también un posicionamiento claro a la Conselleria de Medio Ambiente del Gobierno Valenciano. “Queremos que se mojen”, afirma Carlos Arribas, que pone el ejemplo de la Junta de Extremadura y tanto el Gobierno como el Parlamento portugués, que han manifestado su oposición al ATI de Almaraz. O el Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha rechazado el proyecto de ATC. Iberdrola está iniciando los trámites del ATI en Cofrentes, pero “lo que se debería empezar es la redacción del proyecto de desmantelamiento, con el fin de cerrar en 2024; el proceso de cierre no es de un día para otro, durará años”.